Y más allá de la página mil del Big, beautiful bill aprobado en la Cámara de Representantes, se esconde algo menos brillante (para los inmigrantes): un impuesto del 3,5 % a las remesas enviadas por personas no ciudadanas a sus familias en el extranjero.
La medida, aplaudida por quienes ven en los inmigrantes una amenaza, promete complicarles (más) la vida, y con eso basta para algunos. Pero más allá del impuesto, la decisión ignora décadas de esfuerzo por sacar las transferencias de dinero de la sombra: al encarecer las vías formales, empujará a millones a sistemas informales. Traducción: más efectivo circulando fuera del radar, justo lo que querían evitar el Tesoro y el FBI desde hace 20 años.
¿Premio fiscal para los cárteles? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó la medida como “una doble tributación injustificable”—y también, aunque no lo haya dicho así, como un regalo inesperado para los cárteles que operan al margen del sistema financiero.
- El impuesto se aplica a todas las personas que no sean ciudadanas estadounidenses, lo que incluye a más de 50 millones de residentes: titulares de green cards, trabajadores con visas temporales, y personas indocumentadas. Pero lo más absurdo es que incluso los ciudadanos estadounidenses tienen que demostrar su ciudadanía para evitar el cobro. Sí, incluso si naciste en Ohio y solo estás mandando dinero a tu hija que estudia en España, prepárate para cargar tu pasaporte o tu certificado de nacimiento a la casa de cambio.
- El impacto económico será profundo, solo que en los países equivocados. Las remesas no son un lujo ni un capricho: representan una parte esencial del ingreso de millones de familias en el mundo. Según estimaciones basadas en datos del Banco Mundial y el Censo de Estados Unidos, países como México perderían más de $2.600 millones al año. Otros países como El Salvador, República Dominicana y Guatemala podrían perder más del 1 % de su ingreso nacional bruto. Este tipo de golpe económico podría traducirse en menos consumo, caída en las reservas de divisas, más presión sobre los tipos de cambio y—sí, lo adivinaste—más migración.
Los inmigrantes se adaptan. El sistema, no tanto. La medida podría empujar a millones a buscar alternativas para enviar dinero. Y no, no estamos hablando de innovación tecnológica. Hablamos de canales informales: más baratos, menos seguros, imposibles de rastrear y perfectos para lo que dicen querer evitar—el lavado de dinero. También es probable que muchos empiecen a usar “puentes ciudadanos”: pedirle a alguien con pasaporte estadounidense que envíe el dinero por ellos.
¿La paradoja? Si el objetivo de la Casa Blanca al poner el impuesto es desalentar la inmigración, podría estar logrando lo contrario. Reducir las remesas puede empobrecer a familias enteras, lo que a su vez aumenta los incentivos para migrar.
